Líos socioambientales

Foto: Por esto!

Rodrigo Llanes Salazar (*) Diario de Yucatán. 30 de junio 2025

Este mes, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) publicó su conocido “Índice de competitividad estatal”, correspondiente al 2025, el cual nos ofrece ciertos indicadores de cómo se ubican las entidades federativas del país en diversos ámbitos. Como todo índice, este instrumento no “refleja” la realidad, pero nos da una idea de ella, sobre todo de cierto aspecto de la realidad. Por ejemplo, posiciona a Yucatán en el lugar número 10 de competitividad en el país. En seguridad nos va muy bien, pues el índice nos ubica en el primer lugar de menos homicidios (sólo 2.1 por cada 100 mil habitantes), robo de vehículos (0.1 por cada mil vehículos registrados), incidencia delictiva (1.7 delitos por cada mil habitantes) y percepción de seguridad (el 68% de la población adulta dice sentirse segura).

Sin embargo, en materia de medio ambiente, a Yucatán siempre le va mal en este índice, ubicándose en los últimos lugares del país. De acuerdo con el índice del Imco, en 2025 Yucatán ubica la posición 25 en el rubro “Sociedad y medio ambiente”. El foco rojo siempre suele ser el “caudal tratado de aguas residuales”: este año, nos encontramos en el antepenúltimo lugar, la posición 30.

Otros informes y documentos nos confirman la problemática situación socioambiental en la que se encuentra Yucatán. Por ejemplo, en octubre del año pasado, las organizaciones Kaabnalo’on. Alianza maya por las abejas y Utsil Kuxtal. Centro de derechos humanos, publicaron la “Declaratoria de emergencia socioambiental en la península de Yucatán”, en la que se identifican seis grandes problemáticas: 1) la “crisis de las abejas” por el aumento de la deforestación y uso de plaguicidas; 2) las “afectaciones por megafábricas porcícolas y avícolas”, que se manifiestan en daños como cambios de uso de suelo, especies de fauna en riesgo, afectaciones a áreas naturales protegidas, contaminación del aire y del agua; 3) “afectaciones por la industria inmobiliaria”, que ha causado despojo del territorio y del patrimonio biocultural de las comunidades mayas; 4) “afectaciones a las semillas nativas”, con daños a la salud provocados por el consumo de “alimentos biotecnológicos”; 5) “afectaciones por el megaproyecto del Tren Maya”, como la fragmentación de áreas naturales, el agotamiento y contaminación del acuífero, destrucción de cenotes y cavernas (particularmente en el Tramo 5); y 6) “afectaciones por minería”.

Una expresión de la situación socioambiental de Yucatán es el surgimiento de numerosos “conflictos socioambientales” en los últimos años, esto es, conflictos en torno a los impactos y posibles impactos que determinadas medidas tienen en el medio ambiente. En los últimos 10 años, he podido registrar por lo menos 18 conflictos socioiambientales en nuestra entidad, distribuidos en los siguientes sectores: 2 por cerveceras (Hunucmá y Kanasín), 5 en el inmobiliario (comisarías de Chablekal y Santa Gertrudis Copó, Ixil, Hunucmá, Ucú), 2 en el de energías renovables (Muna y Valladolid), 1 por minería de material pétreo (Chocholá), 6 por megafábricas porcícolas (Homún, Kinchil, Chapab, Sitilpech, Abalá, subcomisaría de Santa María Chí), 1 por granjas ganaderas (San Antonio Chel, en Hunucmá), 1 por granja avícola (Hunucmá). A estos hay que sumar los conflictos detonados por la siembra de soya genéticamente modificada en varios municipios del sur y oriente de Yucatán, del anuncio y la construcción del Tren Maya, cuyos tramos 3 y 4 corresponden a Yucatán, además de ciertas medidas administrativas con implicaciones ambientales que han provocado conflictos con organizaciones o con el gobierno federal, como el Decreto 418/2016 “por el que se declara al estado de Yucatán Zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados”, que fue impugnado por el gobierno federal, el Acuerdo general de coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (Aspy), denunciado por activistas mayas, y la reciente actualización del Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de Yucatán (Poety).

Desde luego, esos casos no reflejan toda la complejidad de la situación socioambiental en la que se encuentra Yucatán. Un problema ambiental por sí mismo, como la exposición a un basurero urbano o a la contaminación por microplásticos, por ejemplo, no generan automáticamente un conflicto socioambiental. Para ello, es necesaria la acción colectiva que defiende un determinado bien ambiental o que denuncia un impacto ambiental en particular.

Asimismo, aunque es común encontrarnos con la expresión “conflicto socioambiental”, para el caso de Yucatán, en realidad nos encontramos en gran medida con conflictos agrario-indígenas-ambientales-populares, ya que la mayoría de dichos conflictos tienen un fuerte componente agrario. En todos los sectores, muchas veces el conflicto inicia por una cuestión agraria, sobre todo por la manera en que un determinado actor externo a la comunidad se apropia de las tierras ejidales, muchas veces en colusión con las autoridades agrarias (Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional), comprando y cooptando asambleas ejidales, aprovechándose de una población ejidataria adulta-mayor que no siempre conoce sus derechos agrarios. Los casos de Hunucmá, Chablekal, Ixil, Muna, Chocholá y Chapab ilustran bien esta situación.

Los conflictos también suelen adquirir una dimensión indígena y ambiental cuando los grupos locales entran en contacto con organizaciones de la sociedad civil, particularmente de defensa de derechos humanos. Así, los problemas no solo se expresan como una cuestión agraria, de despojo de tierras ejidales, sino también de violación de derechos del pueblo maya, en donde constatamos que, en casi todos los conflictos, el Estado no cumplió con su obligación de consultar de manera previa, libre e informada sobre medidas que pueden afectar a los pueblos (cerveceras, desarrollos inmobiliarios, sascaberas, granjas porcícolas, avícolas y ganaderas, etcétera) y, mucho menos, se respetan los derechos a la libre determinación y al territorio de las comunidades.

Asimismo, cuando emergen estos conflictos, suele hacerse evidente su dimensión socioambiental, esto es, las afectaciones al medio ambiente, principalmente la deforestación y la contaminación del agua, suelo y aire. Estas suelen ser las principales denuncias que se han presentado en los conflictos socioambientales en Yucatán, así como las repercusiones que dichos daños tienen en la milpa, la apicultura, la conservación de la biodiverisdad, entre otros factores. En menor medida, también se han señalado los problemas del aumento de calor por la deforestación, la mayor vulnerabilidad a huracanes y tormentas, los riesgos de inundación, la intrusión salina y la escasez de agua.

También, estos conflictos también tienen una faceta popular, pues, en gran medida, se trata de conflictos protagonizados entre poblaciones locales en contra de empresas que, generalmente, tienen algún vínculo con gobiernos municipales y estatales. Muchas de las personas que protagonizan estos conflictos han comunicado al autor de este texto y a otras fuentes que saben que el gobierno y las empresas no están con ellos ni velan por sus intereses. Muestra de ello es que las autoridades no cumplen con la normatividad en materia ambiental ni de derechos indígenas, o bien, que modifican los instrumentos normativos de acuerdo a intereses privados, por ejemplo, la modificación del polígono de la Reserva Estatal El Palmar para permitir desarrollos inmobiliarios en Sisal o del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán para permitir la instalación de parques de energía eólica en la costa.

Además del aumento de los conflictos socioambientales en la última década, también ha escalado el nivel de conflictividad, con enfrentamientos entre elementos de seguridad y población local en diversos casos y la criminalización de defensores ambientales en por lo menos 5 casos.

Finalmente, hay que destacar que estos conflictos no se tratan de casos aislados, sino que responden a las acciones iniciadas por los gobiernos en turno, que han impulsado la “reindustrialización” (Zapata Bello) y “transformación” (Vila Dosal) de Yucatán, así como el “renacimiento maya” (Díaz Mena), principalmente a través de la atracción de inversiones extranjeras y nacionales, con el desarrollo de grandes obras de infraestructura e industriales, sin tomar en cuenta la vulnerabilidad del suelo y acuífero kárstico a la contaminación, los derechos ambientales y de las comunidades mayas.— Mérida, Yucatán

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM