Pablo Moctezuma Barragán
10 trabajadores quedaron atrapados en la mina Agujita o Pinabete en “Las Conchas”, municipio de Sabinas Coahuila el 3 de agosto. Las criminales políticas de las empresas, la corrupción u omisión de las autoridades han cobrado muchas vidas sobre todo en la época de PRIAN. Entre 2000 y 2019, unos 2.626 mineros quedaron incapacitados permanentemente. Tras Pasta de Conchos, donde 65 trabajadores murieron, en Barroterán ocurrió un siniestro el mismo 3 de agosto de 2012 que mató a 6 mineros. De 2012 a 2015 murieron 200 mineros del Grupo México, tan sólo en el año 2012 perdieron la vida en las minas 23 trabajadores. Las minas de carbón hacen a Coahuila el estado con más incapacidades permanentes. Es dramático que en las minas de carbón y en un solo estado, Coahuila, murieran 132 mineros en esos años de gobiernos del PAN. La tragedia ha continuado. El año pasado en junio de 2021 en la mina predio Rancherías municipio de Múzquiz, 7 mineros perdieron la vida.
A los mineros mexicanos, les pagan por su trabajo de alto riesgo 15 veces menos que sus contrapartes en EU y Canadá y sufren malas condiciones laborales, falta de equipo y nula seguridad e higiene.
Estos accidentes son producto de la negligencia, “los accidentes no nacen … se hacen”, es sabido que las condiciones en que se explotan los pocitos y el riesgo que representan hace necesario un minucioso estudio de la zona, mapas precisos, actualizados y barrenar el área para conocer el estado de subsuelo antes de que los trabajadores mineros actúen. No se puede proceder a la perforación si no se realizan barrenos para detectar agua o gas, y sobre esta base tomar las decisiones y cuando en algún túnel se detecta agua detener el avance y retirar a los trabajadores. Pero las empresas hacen caso omiso de las advertencias y trabajan de manera anárquica e irresponsable, buscando explotar las minas de manera acelerada sin tomar en cuenta la seguridad de los trabajadores.
El 3 de agosto, desgraciadamente la presión del agua colapsó las paredes e inundó los tres pozos en los que se estaba trabajando, dejando atrapados a los mineros, a 60 metros de profundidad.
Es patente la responsabilidad de las empresas, pero también la de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que debe estar realizando inspecciones y prestar oídos a las quejas e informaciones de los habitantes de la zona. Dado los antecedentes en las minas de carbón en Coahuila la STPS debió de prevenir nuevos accidentes, como los sucedidos en la época del PRIAN. Y tras la muerte de 7 mineros el año pasado en Muzquiz debieron de prenderse los focos rojos y actuar con energía y profundidad ante las dimensiones del problema. También Protección Civil debe tener una red a nivel, nacional, estatal y local, siempre atenta a prevenir accidentes y desastres naturales o provocadas por personas, más aún en una zona y actividad que se caracteriza por continuos accidentes, y trabajar de la mano con STPS, y ambas coordinarse con la Secretaría de Economía para detectar explotaciones mineras ilegales y cancelar concesiones cuando el patrón no se aviene a estrictas medidas de seguridad e higiene.
Las autoridades municipales y estatales tienen la obligación de estar atentas como las que más y ser proactivas para evitar sufrimiento y muerte de los trabajadores. Sin embargo, es sabido que se arrastra con redes de corrupción y que hay políticos con intereses en este negocio. Por su parte la Comisión Federal de Electricidad que es quien compra el carbón, debe tener responsabilidad social, constatar a quien le compra y en qué condiciones trabaja y no atenerse cómodamente al “mercado”.
Hoy urge ya retirar concesiones, juzgar a los responsables y estricta acción preventiva de las autoridades de los tres niveles, así como de Protección Civil y de la Secretaría del Trabajo. Todos los culpables directos e indirectos deben de recibir castigo de acuerdo con su responsabilidad.