Ecocidio por Grupo México en Ríos Sonora y Bacanuchi
Por Izcuauhtli Paz
Hace 6 años sucedió en Sonora el mayor desastre ambiental de la historia minera en nuestro país, por parte de Grupo México propiedad de Germán Larrea el tercer empresario más rico del país, la minera Buenavista del Cobre, derramó 40 mil litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico en los ríos de Bacanuchi y Sonora. Causando daños directos y colaterales, en siete poblados con más de 22 mil pobladores, algunos perdieron todo.
Este derrame causó daños severos en la salud, alimentos con altas concentraciones de sustancias cancerígenas, fauna silvestre contaminada, mortalidad de árboles, la posibilidad de que más del 70% de los niños del municipio tuvieran elevados niveles de plomo. Los contaminantes aún siguen disueltos y fragmentados en el agua, suelo, plantas y animales nativos, cultivos, ganado, seres humanos. El agua es un recurso vital para todos los seres vivos que habitamos en el planeta.
De los metales derramados hace años, el plomo tarda hasta 6 mil años en degradarse del medio ambiente, el arsénico, fierro, aluminio, mercurio, cobre tardan alrededor de 20 años, es decir aún siguen en las zonas afectadas.
Hasta la fecha los acuerdos de las autoridades municipales, estatales y federales sobre la reparación respecto al daño ambiental por Grupo México se han quedado solo en promesas.
Existen tres amparos relacionados con la calidad del agua, en espera de una resolución. En la administración pasada la empresa prometió la limpieza del agua y el río a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras de agua, sólo se construyó una, que no opera de manera permanente, la construcción de un hospital que atendería a las personas dañadas por el derrame, mismo que quedó inconcluso en obra negra, Larrea cedió el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, se dio un fideicomiso del cual solo se gastó el 61%, el resto desapareció entre escándalos de corrupción. Las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a todos los afectados, los elementos tóxicos están sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi aun cuando Grupo México el año pasado fue notificado a remediar los daños.
Grupo México sigue operando en la zona, indica que los niveles de contaminación están en las normas, más la presencia de metales pesados aún es alta en las comunidades de Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe y Bacoachi, siguen contaminando los ríos.
Y aunque Grupo México, aún no ha resuelto los daños causados a las comunidades afectadas, sigue con concesiones y nuevos proyectos, el proyecto Nueva Presa de Jales continúa llenando una megaempresa de jales con millones de litros de desechos que deja la actividad extractiva, en las inmediaciones de la comunidad de Bacanuchi la cual tiene un área de más de 6,535 hectáreas de superficie y una cortina de casi 200 m de altura.
Hasta ahora la megaempresa a cargo de Larrea no ha dado solución al gran ecocidio en la región norte de Sonora, tampoco ha sido emplazada por el actual gobierno ya se le autorizó la construcción del proyecto Nueva Presa de Jales y un acueducto de 11 kilómetros de extensión para llevar agua desde la Caballera hasta las instalaciones de Grupo México.
En un audio de casi seis minutos, al parecer registro de una reunión sobre temas de energía en marzo pasado, Víctor Manuel Toledo secretario federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo que Alfonso Romo jefe del gabinete de AMLO, le pidió ser “más accesible con Grupo México” y le dijo que presionaban mucho a la empresa.
Las relaciones y poder económico no deberían de dar ventaja a los empresarios como Larrea, el gobierno tiene que poner fin a empresarios como este, ya que a cargo de Grupo México, una de las empresas más grandes del país, lleva más de 80 años en operación, ha violado los derechos laborales, causado daños a la salud, afectaciones al ambiente, extracción desmedida, despojo de tierras, en los últimos 20 años lleva 22 afectaciones de gran impacto ambiental, no solo el derrame del 6 de agosto de 2014 en el Río Sonora y Bacanuchi, en 2006 en la mina de carbón Pasta de Conchos una explosión por negligencia dejo atrapados a 63 mineros que no fueron rescatados, en el 2010 en la mina de plata de Bolaños ocurrió un derrame de mercurio plomo y arsénico al río de Bolaños en Jalisco, en el 2016 murieron cinco trabajadores en la mina de Charcas en San Luis Potosí a causa del rompimiento de un cable que transportaba 8 toneladas de material, en ese mismo año se derramaron 10 mil litros de ácido débil al interior de la mina de Caridad en Nacozari Sonora, en el 2019 en tres meses se derramaron 20 mil litros de agua con sedimentos sobre el río San Martín Sombrerete en Zacatecas.
En Sonora el pueblo afectado, víctimas del derrame, exige medidas de salud, justicia y remediación al gobierno y a Grupo México, piden la evaluación de los efectos contaminantes a lo largo del Río Sonora, terminar de construir la clínica de especialidades y ampliar la atención, restauración de las tierras libres de metales para poder dar estabilidad a las actividades agrícolas y pecuarias, dejar de privilegiar a la actividad minera respecto a las comunidades, dejar de sobreexplotar los recursos, agua limpia y disponible, solución de problemas públicos por parte del gobierno y no de la industria privada, voz, voto y transparencia en la reparación y remediación ambiental, cierre de la presa de jales de la mina, derecho a las comunidades de ser consultadas.
El Estado mexicano tiene una deuda en materia de impartición de justicia sobre Grupo México, esencial para la salud colectiva. Debe ser la oportunidad de impulsar la restauración de la vitalidad de los ríos Sonora y Bacanuchi a través del bienestar de su población y de la salud de los ecosistemas.