Rocío Luna
Desde febrero del 2019 el diputado Heraclio Rodríguez Gómez comenzó a promover la aprobación de las modificaciones a la Ley Federal de Variedades Vegetales que está atentando contra México, ya que favorece a megacorporaciones transnacionales como Monsanto (entre otras) que perjudican al campesinado sobre todo del centro y sur del país.
Presiones de empresas trasnacionales, cámaras agrícolas y bancos privados de semillas apuran en México un cambio legislativo que puede transformar para siempre la forma en que se practica la agricultura en el país, poniendo en riesgo su soberanía alimentaria.
La propuesta para modificar la Ley Federal de Variedades Vegetales, que establece el marco legislativo para los usos de la semilla agrícola en México, ingresó a la Cámara de diputados mexicana en marzo de 2020 y se había mantenido en un discreto silencio hasta que esta semana, el diputado y coordinador de la bancada del partido Morena, Mario Delgado, anunció su intención de que sea aprobada antes que termine el mes en curso, argumentando que ésta es una modificación necesaria para quedar en línea con las disposiciones establecidas en la renegociación del Tratado de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
Los colectivos que defienden las semillas afirman que las modificaciones la Ley plantean multas, cárcel e incluso quemas de las cosechas si los campesinos intercambian libremente semillas, y han abierto un frente opositor, pues además aseguran, se abre el camino a la siembra de semillas transgénicas.
Así mismo deja el paso libre a las transnacionales que podrían tener los derechos de propiedad intelectual de las semillas y otras partes de las plantas, en otras palabras permite la privatización y abre la puerta a la siembra de semillas transgénicas.
Durante el foro sobre “Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales”, realizado de manera virtual, donde participaron diputados y actores de la sociedad civil coincidieron en que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no obliga a que se hagan estas modificaciones a la norma legal.
Entre las voces que se escucharon estaba la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena), y consideró que “es muy delicado y arriesgado aprobar este dictamen como se propone, porque está en riesgo la soberanía agroalimentaria y alimentaria en México”, al poner en peligro la existencia de los pueblos indígenas, quienes tendrían que pagar a una empresa privada por el uso de las semillas, y de no hacerlo, podrían ir a la cárcel, pese a que han producido y mantenido la diversidad de los granos básicos como el maíz y frijol, que por años han seleccionado y permite hoy tener una gran variedad de todos los vegetales para el consumo.
También participó Homero Blas Bustamante, productor orgánico, propuso considerar el libre acceso a las semillas como un derecho humano en la Constitución, porque están en poder de los campesinos y la biodiversidad es de todos y no tiene dueños. Señaló no estar a favor de la propuesta porque se fomenta la biopiratería, que roba los conocimientos de los campesinos y deja indefensas a las comunidades indígenas. Sólo beneficia a las grandes corporaciones y no a los productores.
Cristina Barros, investigadora e impulsora de la campaña Sin Maíz no hay País, aseguró que esta iniciativa de ley, a la que se oponen, acabaría con la soberanía alimentaria, con la cocina extraordinaria de México y no reconoce a los verdaderos dueños de las semillas. “Decimos no a esta reforma que despoja a los pueblos originarios de sus conocimientos y porque perderían la capacidad de decisión sobre lo que siembran”,
Consideró que de ser aprobada la modificación de esta ley afectará la soberanía alimentaria, debido a que las formas de cultivo e intercambio son parte de la riqueza e identidad, lo que ha permitido la autonomía y autosuficiencia de los pueblos y no solo de ellos, sino que del país.
Digo NO a las modificaciones de la Ley Federal de Variedades Vegetales.