Alberto Baltazar
Son alentadoras las intenciones del presidente de México sobre el rescate de los cuerpos de la mina Pasta de Conchos, pues hasta el momento la “solución” otorgada a forma de limosna por los gobiernos anteriores a las familias de esta y otras tragedias laborales del sector minero, había sido mera simulación. Tenemos que estar muy a la expectativa para que se cumpla con llevar por fin justicia y dignidad a los deudos, pero también tenemos que informarnos y entender el fondo de este problema.
Han pasado 13 años desde el derrumbe en el estado de Coahuila de una mina que es propiedad de la nación, pero que fue privatizada durante el rapaz período neoliberal: Pasta de Conchos. Por ahora el dueño sigue siendo Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del mundo, uno de los hombres que casi nadie conoce, de esos que casi nadie menciona, pero que carga en sus cuentas (no bancarias) la muerte, sufrimiento y pobreza de cientos de familias trabajadoras.
Germán Larrea es responsable, junto con los políticos que han permitido tanta impunidad, de la negligencia que enterró vivos a 65 trabajadores mineros en Pasta de Conchos. Pero también como dueño de Grupo México, es responsable del envenenamiento con ácido sulfúrico de aguas, tierra, animales, plantas y personas en los alrededores de los ríos Sonora y Bacanuchi.
Para Germán Larrea las sanciones económicas no representan nada, ya pagó millones de pesos para “resarcir” el desastre ecológico de Bacanuchi, que no fue suficiente, pues sigue explotando los recursos, y el ecosistema sigue envenenado. Son muchas las familias que dependen de esas aguas y sus tierras ahora no son fértiles.
Las condiciones laborales que persisten en el sector minero, auspiciadas por el patrón y el gobierno que había aplicado la ley a modo, son deplorables, con un mínimo de seguridad en campo, pero para el empresario, significan mano de obra barata, que es reemplazable en caso de que se inconforme el trabajador. Además de esto, parte de los mineros de Pasta de Conchos, los no sindicalizados, estaban subcontratados por un tercero que, como consta en las investigaciones, se quedaba con 214 pesos que Grupo México pagaba por trabajador diario.
La empresa ya tenía desde el año 2000 con inspecciones hechas por el gobierno federal y contaba con 32 observaciones que señalaban las pésimas condiciones laborales en las que se tenía operando la mina. Sin embargo, el negocio de extracción de nuestros recursos naturales continuó.
Esto es una pequeñísima reseña de la tragedia durante el sexenio de Felipe Calderón, y que Enrique Peña Nieto dejó en el olvido. En estos tiempos se vislumbra un resquicio que da oxígeno y luz, pero que no debemos dejar únicamente en manos del gobierno. Tenemos que acompañar la lucha por la justicia y de la mano, la recuperación de nuestra soberanía a través de la expropiación de las minas en manos de unos cuantos.