Leona Guerrero
El paso al modelo de apertura comercial consolidado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, conlleva a una reconfiguración del sistema organizacional económico para subordinar a la economía mexicana y en particular eliminar la soberanía energética. La apertura comercial se pone en marcha para alejar la economía de una estrategia de desarrollo guiado por la acción del Estado que garantice soberanía, para ser dirigido por la flexibilización, la desregulación, la privatización de las empresas públicas, y la apertura de los mercados nacionales a la “competencia” exterior. Nos ponen a “competir” con EU una economía 20 veces más grande y eso ha sido desastroso. Lo que no ha sido más que la entrega a las grandes corporaciones de nuestros recursos.
A partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988 a 1994) al de Enrique Peña Nieto (2012 a 2018), el poder ejecutivo se empeñó en el desmantelamiento de empresas paraestatales como Teléfonos de México, Altos Hornos de México, Productora Nacional de Semillas, la Productora Nacional de Papel Destintado y Ferrocarriles Nacionales de México; los mismos que reprivatizaron la banca, los que desaparecieron a la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, los que se deshicieron de la televisión de estado, los que crearon el Fobaproa-Ipab, todos ellos “prianístas”, todos “chicago boys”, aunque algunos, que no fueron formados en las grandes universidades estadounidenses, como Francisco Labastida, se suman hoy a otros neoliberales como Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa.
Zedillo Ponce de León continuó con el desmantelamiento de las empresas del estado y se benefició de estas, especialmente por la venta de Ferrocarriles Nacionales de México. Zedillo intentó incorporar a la CFE al capital privado, a través de los llamados Contratos de Servicios Múltiples y, luego, del esquema de cogeneración de energía.
Al inicio del tercer año de la administración de Felipe Calderón (2007-2012) de que la reforma energética aprobada por el Congreso en noviembre de 2008 se dijo que fue un paso hacia su autonomía y gestión financiera, sin embargo, se hizo evidente que, a medida que se fueran poniendo en práctica los cambios legislativos, no sólo no se resolverían los problemas que aquejaban a la industria petrolera, por lo menos desde los años noventa del siglo XX, y hacia cuya resolución se había dirigido la reforma, Sino realmente hacia donde se avanzó fue hacia su privatización.
Fue en el sexenio de Peña Nieto cuando el congreso aprobó, mediante sobornos, la “reforma energética” que en realidad fue una contrarreforma antinacional.
El presidente de México actual Andrés Manuel López Obrador ha sostenido la necesidad de rescatar la soberanía energética de México, frente a las reformas neoliberales del PRIAN hace unos días en la conferencia matutina “Mañanera” aseguro que lo que se tiene que fortalecer es a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como garantizar que el precio de la luz no aumente y beneficie a la población mexicana. También mencionó “Les vamos a sacar la cuenta de todo lo que se han llevado, porque es lo mismo que lo de la venta del gas, lo mismo que la privatización de los reclusorios, lo mismo que la venta de las medicinas”, señaló el mandatario quien aseguró que por eso “toda una campaña en contra, vamos a defender no solo a la CFE y PEMEX, sino a defender la hacienda pública y defender la economía popular”.
Y es que, en sexenios pasados, señaló, con la privatización de la industria energética se afectó al pueblo de México y se benefició a una minoría, “sobre todo a empresas extranjeras mediante alianzas delictivas con funcionarios mexicanos”, indicó el primer mandatario.
Andrés Manuel presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, el pasado 1 de febrero.
Con la reforma, el gobierno de AMLO pretende establecer como obligación los límites a la generación de electricidad privada, y la dominancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado eléctrico.