Zósimo Camacho. Octubre 27, 2020 Revista Contralínea.
Todo está listo para que en esta semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firme y publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se permitirá la utilización del glifosato en el país. El documento que le presentará el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, está a la medida de los nuevos terratenientes, a los que les gusta que les llamen “agroempresarios”.
Ya sin Víctor Toledo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), triunfantes Scherer, Alfonso Romo (jefe de la Oficina de la Presidencia) y Víctor Manuel Villalobos (secretario de Agricultura) han “consensuado” un documento que no prohíbe el cancerígeno plaguicida. De hecho, ignora los estudios que se han realizado en diversas partes del mundo y ordena una “investigación” a los científicos mexicanos para que averigüen si sí es malo o bueno. Mientras tanto, adelante, que los empresarios agropecuarios lo usen sin límite. Al fin que esos “estudios” que buscarán el hilo negro concluirán con el sexenio. Para entonces, ya se les ocurrirá otra cosa.
El documento, del cual Contralínea posee copia consta de cinco “considerandos”, seis artículos y dos artículos transitorios. No hace referencia alguna a la prohibición del glifosato en varias partes del mundo ni a las evidencias científicas que señalan que ese desarrollo químico no es inocuo para el cuerpo humano.
Lo que sí señala es que tanto la Semarnat como las secretarías de Agricultura y de Salud y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), “con el apoyo de instituciones de investigación agrícola y ambiental, coordinarán estudios […], los cuales deberán desarrollarse en un plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto” (sic). Es decir, hasta que se acabe el sexenio.
Una vez que se obtengan las conclusiones de la investigación –señala el artículo quinto– se procederá a establecer el “uso adecuado” o la prohibición del glifosato en México.
Victoria total para los agroempresarios a instancias de quienes encabezan la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de Agricultura.
Interesante que Alfonso Romo esté operando la utilización del glifosato a través de los emparentados Julio Scherer Ibarra y Villalobos (consuegros). Claro se ve que son familia y defienden los mismos intereses. Entre los operadores de la Consejería Jurídica de la Presidencia destaca Juan Carlos Reyes García, consejero adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales.
Reyes García es un sobreviviente en la “4T” del equipo de la Consejería Jurídica de Enrique Peña Nieto, con quien mantiene una relación no sólo profesional sino amistosa. En el sexenio pasado Reyes García cobraba mensualmente 205 mil 738 pesos mensuales y ostentaba el mismo puesto que en el sexenio actual. Se encargó, por ejemplo, junto con los otros consejeros adjuntos, de desvirtuar las indagaciones en el país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa. Sólo es un ejemplo.
El documento está ya enlistado como de próxima publicación en el Diario Oficial de la Federación, a propuesta de la Secretaría de Agricultura, bajo el número de expediente 12/0099/231020.