Andrés Peñaloza Méndez 11 de diciembre de 2020 /Otras plataformas
Años de machacar ideas económicas sin sustento, pero presentadas como inevitables verdades dificulta desneoliberalizar el pensamiento para quienes las acogieron, consciente o inconscientemente. Posiblemente sólo los hechos pueden desvanecerlas. Sucedió con la mítica conexión causal de las remuneraciones con la inflación; desacreditada por la tendencia deflacionaria.
Una creencia todavía arraigada, que cobra fuerza en momentos recesivos y de crisis, es temer la pérdida de empleos a causa de los aumentos salariales. Hasta antes de la pandemia, no se presentaron evidencias al respecto. Lo que sí se puede afirmar, es que una articulada política salarial con estrategias de innovación tecnológica y desarrollo industrial tendientes a fortalecer encadenamientos endógenos robustecen el mercado interno, alienta el consumo y la creación de empleos decentes conduciendo la reactivación económica hacia un desarrollo con bienestar.
La crisis en curso más que aconsejar cautela demanda, a mi juicio, firmes decisiones para continuar con la recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones, sobre todo, de los que en estos tiempos de pandemia han sido severamente castigados, con la pérdida temporal de sus puestos de trabajo o reducciones de prestaciones y de sus salarios. Cabe destacar que las mayores afectaciones se han producido en el sector femenino y en las personas trabajadoras de la parte baja de la estructura salarial.
A escasos días de la fijación de los salarios mínimos para 2021 las propuestas del sector obrero y gubernamental se decantan en un 15%. El sector patronal, pronto tendrá que definir su postura, ya sea ciñéndose al 15% o insistiendo en un monto menor.
Si bien todo apunta en continuar con la ruta de la recuperación salarial esta se ralentiza; ubicándose por debajo de las dos últimas fijaciones. El alza del 15% dejaría a los minisalarios en $141.70 pesos para el próximo año, cantidad que apenas representaría el 57% del salario mínimo en Guatemala o el 55% de lo percibido en una hora de trabajo en la entidad estadounidense de California.
Se podría interpretar que en el contexto de la pandemia y de la crisis se trata de una propuesta responsable e incluso, audaz. Sin embargo, entraña también el riesgo de achicar el alcance de la política de recuperación del poder adquisitivo pues a ese ritmo difícilmente se superaría, al término del sexenio, ya no digamos lo que se percibe en una hora en el vecino del norte sino alcanzar el monto actual de nuestros vecinos del sur.
Desde diciembre de 2018 año donde se toma la decisión de iniciar un proceso progresivo de mejoría salarial se transitó del 9.6%, 10.4%, 16.2% al histórico 20%, alza no registrada en más de cuatro décadas. La secuencia indicaba un aumento para el 2021 del 24% o por lo menos persistir en el 20% para no descender como en el juego de serpientes y escaleras.
Si en el país existen 12 millones 533 mil trabajadores y trabajadoras que ganan hasta un salario mínimo restar un cuarto al porcentaje alcanzado en 2020 frustraría la posibilidad de obtener ingresos en este segmento laboral de por lo menos 30 mil 573 millones de pesos, una cantidad mayor al gasto programable aprobado para el ramo administrativo Trabajo y Previsión Social (23 mil 799 millones).
Deliberadamente utilizo el dato de la población ocupada que gana hasta 1 salario mínimo a sabiendas que de ella un 90.3% obtienen un monto inferior, es decir, 11 millones 314 mil personas.
A nivel global, alrededor de 266 millones de personas, 15% de las personas asalariadas, recibían una cantidad inferior al salario mínimo. En México, el porcentaje es mayor; alcanza un 20.4% de la población ocupada.
Esta situación obedece, entre otras razones, a la debilidad de las estructuras de supervisión laboral, corrupción e incumplimiento de las leyes y normas, pero también por la exclusión de ocupaciones, profesiones y trabajos especiales, como ocurre en nuestro país desde hace medio siglo con las personas jornaleras agrícolas y trabajadoras del hogar, de los regímenes de salario mínimo extendido ya en el 90% de los 187 estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo.
Finalmente, es destacable que este 10 de diciembre, fecha conmemorativa de los Derechos Humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya abordado la vergonzosa situación del salario mínimo en México en su comparativo regional y mundial.
Zanjar la dramática merma del poder adquisitivo de los salarios en nuestro país aconseja hacerlo desde el enfoque de los derechos humanos y del derecho al desarrollo sustentable, equitativo e incluyente. De esta manera, superaríamos temores infundados que alargan la solución de estructuras salariales injustas.