Héctor Torres Gonzalez
1.- La deuda pública total (medida como el Saldo Histórico de los Requerimientos
Financieros del Sector Público, SHRFSP, que es la medida más amplia de la deuda pública)
creció en 976 mil 885 millones de pesos durante 2022 para llegar a la suma de 14 billones
91 mil 671 millones de pesos.
En los primeros cuatro años de la presente administración la deuda ha aumentado en 3
billones 539 mil 951 millones de pesos, esto significa que ha crecido en términos
nominales en 34% y en términos reales en 9%. La deuda pública en este sexenio ha
crecido, aunque en menor proporción que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. La
deuda interna a diciembre de 2022 fue de 9 billones 965 mil 417 millones de pesos y la
deuda externa ascendió a 4 billones 126 mil 253 millones de pesos (gráfico 1).
Las cifras oficiales muestran, en lo que va del actual sexenio, que la deuda pública interna
crece mucho más que la deuda externa, la interna crece en 49% y la externa en 7%. Desde
principios de este siglo los gobiernos han privilegiado el endeudarse más en moneda
nacional que en monedas extranjeras para evitar en lo posible choques o efectos externos
en la economía nacional y ello explica el explosivo incremento de la deuda interna.
Para 2023 la SHCP estima que la deuda pública será de 15.5 billones de pesos tomando en
cuenta el techo de endeudamiento aprobado de poco más de un billón de pesos.
2.- El costo financiero de la deuda pública se disparó en 2022 para llegar a 815 mil 221
millones de pesos superando al presupuestado por los diputados que era de 791 mil 500
millones de pesos. Para 2023 el gasto aprobado para el pago de intereses y comisiones de
la deuda pública en el Presupuesto de Egresos de la Federación es de 1 billón 79 mil
millones de pesos. Los gobiernos neoliberales contrataron enormes créditos y endeudaron
al país y la economía no creció y no se sabe en dónde y en qué se invirtieron esos
cuantiosos recursos; por esa enorme deuda se están pagando altísimos intereses que
desangran a la nación y superan el gasto de los programas sociales y proyectos prioritarios
del gobierno.
Durante este sexenio ya se han pagado por intereses, comisiones y gastos de la deuda la
cantidad de y desde 1990 a 2022 lo que se ha erogado por este costo financiero suma la
cantidad de 9.2 billones de pesos. Y si le sumamos el billón de pesos del costo financiero
presupuestado para 2023, resulta que el pago de intereses de la deuda desde 1990
superará los 10 billones de pesos constituyéndose en un gran saqueo de las riquezas de los
países dependientes y semicoloniales por parte del capital financiero (gráfico 2).
No es casual que los organismos financieros internacionales den premios a México por su
manejo de la deuda porque a fin de cuentas lo que les interesa es que nuestro país se siga
endeudando y pagando puntualmente las grandes sumas multimillonarias de intereses.
En 2022 la economía creció al 3% y se está recuperando, pero su nivel sigue estando aún
por debajo de lo producido en 2018, en 2%, y esto hace urgente acelerar su desarrollo
porque la creación de empleos no cubre a la demanda de la nueva fuerza de trabajo y
porque la inflación disminuye el poder de compra de los salarios y sobre todo de los
contractuales. En 2022 el costo financiero de la deuda pública como proporción del PIB fue
del 2.9% casi lo mismo en que creció la economía. Esto significa que el aumento del PIB se
nulificó porque fue a parar al capital financiero en forma de intereses de la deuda. No es
justo que el alto costo financiero de la deuda pública impida el mayor crecimiento de la
economía nacional. Para 2023 este costo financiero de la deuda será del 3.4% del PIB
según proyecciones de la SHCP.
Hoy en que la economía mundial, y México incluido, entra en recesión debido a los altos
intereses y a los efectos de la guerra de Rusia contra Ucrania es imperioso crecer pero con
justicia social, modificando el modelo económico neoliberal prevaleciente, fortaleciendo
y democratizando al sector social y al sector público de la economía. La democracia
social, la democracia económica y la democracia política deben ir juntas en el nuevo
modelo económico que sustituya al modelo neoliberal. Los cuantiosos recursos que se
destinan al pago de la deuda deben servir para financiar el desarrollo económico, político,
social y cultural de los mexicanos y no para acrecentar las riquezas de la oligarquía
financiera.
3.- La deuda externa y su costo financiero. En diciembre de 2022 la deuda externa fue de
207,516 millones de dólares y su pago por intereses y comisiones ascendió a 10,525
millones de dólares. El gran endeudamiento externo que dejaron Peña Nieto y Calderón
no se ha podido disminuir e incluso ha aumentado en 15 mil millones de dólares en este
sexenio (gráfico 3) y es por eso por lo que en estos cuatro años se han pagado de
intereses la suma de 42 mil 374 millones de dólares (gráfico 4). Casi la mitad de la deuda
externa es deuda de PEMEX y por eso es la empresa petrolera más endeudada del mundo.
4.- La deuda del IPAB-FOBAPROA. Durante 2022 esta deuda interna cerró en un billón 48
mil 356 mil millones de pesos (gráfico 5). Cada año esta deuda ilegítima, inmoral e ilegal
crece cuando originalmente era de 552 mil 300 millones de pesos. Para 2023 el costo
financiero del IPAB será de 54 mil 217 millones de pesos cuando en 2022 fue de 15 mil 415
millones de pesos, un aumento de más de 3.5 veces (gráfico 6).
5.- El pago de las amortizaciones de la deuda pública no la reducen. La enorme deuda
pública tanto externa como interna requiere ser amortizada año con año. Durante 2022 las
amortizaciones de deuda pública sumaron 3.1 billones de pesos. Se amortiza con nuevos
préstamos y alargando el plazo de su vencimiento, de ese modo la deuda se refinancia y se
hace eterna. Así por ejemplo en 2018 las amortizaciones de la deuda externa entre los
años 2025 y 2115 era de 66 mil millones de dólares, pero en 2022 las amortizaciones
aumentan a 81 mil millones de dólares para el mismo período. Hasta ahora el pago
puntual de las amortizaciones y del costo financiero de la deuda no han significado
reducciones de deuda sino solo el alargamiento del plazo de su pago. Para 2023 se deben
pagar 2.9 billones de pesos para amortizar la deuda del sector público y además financiar
el déficit público por lo que las necesidades de financiamiento serán de casi 4.3 billones de
pesos. El déficit público se está financiando con deuda nueva y por eso la deuda pública
siempre aumenta.
6.- El acuerdo de Línea de Crédito Flexible (LCF) de México con el Fondo Monetario
Internacional (FMI). En noviembre de 2021 el gobierno mexicano solicitó una LCF por dos
años al FMI por un monto de 50 mil millones de dólares para poder ser usado en caso de
una emergencia económica, para enfrentar condiciones adversas y mantener la estabilidad
económica y financiera. En noviembre de 2022 el FMI mediante una supervisión de medio
término de la LCF de la economía mexicana aprueba que prosiga hasta noviembre de 2023
donde se hará una nueva evaluación.
Este tipo de acuerdos de LCF con el FMI datan de 2009 con Felipe Calderón, cuando la
crisis financiera internacional, fue de 47 mil millones de dólares y se fueron renovando con
Peña Nieto y prosiguen ahora con López Obrador. En está supervisión de medio término el
FMI califica si México cumple una serie de condiciones para merecerla y entre ellas
destaca: finanzas sanas sin grandes déficits, autonomía del Banco de México, manejo
responsable de la deuda, tipo de cambio flexible, sistema bancario sólido y dado que se
presentan riesgos en el futuro inmediato (inflación, endurecimiento del crédito,
desaceleración de la economía mundial, la guerra de Rusia contra Ucrania, el aumento de
precios de materias primas, etc.) esta LCF es un apoyo a la economía mexicana.
El problema que surge es: si desde 2009 está presente este supuesto apoyo del FMI, por
qué México nunca creció de manera suficiente y con justicia social. Este tipo de acuerdo
con el FMI solo sirven para que los acreedores e inversionistas financieros tengan garantías
para posible incumplimiento de pagos, porque para darle fortaleza a la economía
mexicana en generación de empleos con salarios dignos y para acabar con la desigualdad
social y la pobreza este tipo de acuerdos no dan resultados. El FMI pone como condiciones
para aprobar la LCF que la economía mexicana se maneje responsablemente y con
prudencia, esto es que siga los fundamentos económicos neoliberales que aplicaron los
gobiernos anteriores.
Sin usar la LCF México debe pagar 168 millones de dólares anuales al FMI. No tiene ningún
beneficio para México tener una LCF o tarjeta de crédito de México con el FMI porque
atrás de ella está imponiendo condiciones neoliberales para utilizarla.
Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública
febrero de 2023
https://nomasdeudapublica.org