Hector Torres G
La grave crisis económica que padecemos, acentuada por la pandemia, está generando que la deuda pública aumente sin control, propiciando que los pagos por su servicio se tornen cada día más onerosos para nuestro país, y se desvíen para ese propósito recursos valiosos que servirían para reactivar a la planta productiva, generar empleos y aumentar el gasto social a fin de, por lo menos, paliar la creciente pobreza.
La deuda pública neta total, medida por el llamado Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), el cual incluye toda la deuda pública interna y externa, más el IPAB (el Instituto de Protección al Ahorro Bancario que sustituye al Fobaproa), el rescate carretero y los PIDIREGAS (Proyectos de Inversión de Infraestructura con Registro Diferido en el Gasto Público), aumentará de 10.5 billones de pesos (millones de millones) en diciembre de 2018, a 12.6 billones de pesos en diciembre de 2020 (según cifras de la SHCP), lo cual equivale a un incremento de 20% por ciento.
Si agregamos el endeudamiento que se propone como límite en el Proyecto de Presupuesto para 2021 la deuda pública total aumentará hasta los 13.4 billones de pesos, un aumento del 27% desde 2018. La caída de la producción nacional, al depreciarse el peso, provoca que la deuda pública externa, expresada en dólares, crezca.
La producción nacional, registrada en el producto interno bruto (PIB), se desplomó en 18.9 % en el segundo trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior, y la paridad peso-dólar pasó de 18.80 a 22 pesos por dólar. En el primer semestre de 2020 la deuda pública aumentó en 7.3 puntos del PIB, al pasar de 44.8% en diciembre de 2019 a 52.1% en junio de 2020. Pero según las estimaciones de la SHCP en los Criterios Económicos para 2021, en diciembre de 2020 la deuda pública total con respecto al PIB ascenderá al 54.7%, un incremento de casi 10 puntos del PIB en un año, cifra no vista en los tres últimos sexenios (gráfico 1). Este aumento de la deuda pública de 10 puntos del PIB en 2020 implicará que el costo financiero de la deuda (lo que se paga cada año por intereses, comisiones y gastos) también se mantenga en altos niveles.
El costo financiero de la deuda pública ya supera al gasto en inversión pública y se acerca a la suma del gasto en subsidios y transferencias (gráfico 2); y el costo financiero de la deuda interna es más del doble que el costo de la deuda externa porque los gobiernos neoliberales a raíz de la crisis de 1995 apostaron más al endeudamiento interno que a la deuda externa para no incurrir en crisis (gráfico 3).
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2021 el costo financiero de la deuda pública 2 asciende a 723.9 mil millones de pesos. Sumando el costo financiero de tres años, 2019, 2020 y 2021, el total es de 2.1 billones de pesos, una cifra escandalosa comparada con los 2.7 billones de pesos que gastó Peña Nieto, pero en seis años. Del año 2000 al 2021 habremos pagado por puros intereses de la deuda la cantidad de 7.8 billones de pesos que representan el 62% de la deuda pública total; pero la deuda no se reduce.
El gasto presupuestado total para el próximo año crecerá en 3.1% pero la inflación esperada se estima en 3%, con lo que el gasto total del sector público en 2021 se mantendrá casi igual en términos reales que en 2020.
A pesar de la gravedad de la crisis económica y de los severos efectos sanitarios y sociales de la pandemia el presupuesto del gasto público no crece para 2021, pero el costo financiero de la deuda sigue sumamente elevado. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 el costo financiero de la deuda pública supera con creces a los presupuestos de las secretarías de Educación, Salud, Agricultura, Trabajo, Bienestar o Defensa Nacional (gráfico 4); pero también supera el presupuesto de los 19 programas sociales prioritarios (Pensiones para Adultos Mayores Sembrando Vida, Becas a estudiantes, Jóvenes Construyendo el Futuro, Precios de Garantía, Producción para el Bienestar, entre otros), y los 11 proyectos prioritarios del gobierno (Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya, Proyecto Interoceánico del Istmo, etc.) los cuales ascienden en total a 439.7 mil millones de pesos (gráfico 5).
Hay una ligera reducción del costo financiero para 2021 comparado con 2020, pero es porque esta vez se redujo, de 44 mil millones de pesos a 11 mil millones de pesos, el pago al IPAB, antiguo Fobaproa, cuya deuda total, junto con los apoyos a deudores y el rescate carretero, es de 1.2 billones de pesos (gráfico 6).
Cuando se estableció el Fobaproa la deuda era de 500 mil millones de pesos y han pasado 25 años pagándose esta deuda y en vez de reducirse es ya más del doble, y ahora cada ciudadano está más endeudado que antes. Esta deuda es una deuda ilegitima. No deja de llamar la atención que en el Presupuesto de Egresos 2021 se solicita un límite de endeudamiento interno y externo de 843 mil millones de pesos (700 mil de deuda interna y el resto de deuda externa), pero se pide prestado para pagar los intereses de la deuda, 724 mil millones; y mientras tanto la deuda seguirá creciendo y se pagarán más intereses en el futuro.
El costo financiero de la deuda pública interna es mayor que la externa. En 2020 este costo será de cerca de 500 mil millones de pesos mientras que 230 mil millones es el costo financiero de la deuda externa del gobierno federal, de PEMEX y CFE. Pero el 25% de la deuda interna del gobierno federal (casi 1.8 billones de pesos) pertenece a los llamados “residentes extranjeros” con lo que a fin de cuentas esta deuda “interna” viene a ser deuda pública externa, pues pertenece no a residentes mexicanos sino a inversionistas o financieros extranjeros que invierten en los mercados de deuda interna o de valores gubernamentales. Otra parte de esta deuda interna (50%) pertenece a bancos, fondos de inversión, aseguradoras (algunos son trasnacionales) y residentes mexicanos, y el restante 25% pertenece a los trabajadores mexicanos que invierten sus ahorros en valores de 3 gobierno que administran las Siefores (fondos de inversión privados que administran los ahorros del trabajador y en 2019 cobraron 35 mil millones de pesos de comisiones, pero desde 1998 han cobrado 383 mil millones de pesos).
De manera que al llamado mercado de la deuda pública interna concurren tanto inversionistas nacionales como extranjeros y en estos últimos sobresalen los grandes fondos de inversión extranjeros que dominan el mercado financiero mundial (gráfico 7).
Si se dejara de pagar tan sólo por un año el servicio de la deuda pública, se tendrían los recursos suficientes y sobrados para aumentar en más del doble el gasto en los programas sociales, para la salud y educación, para la cultura, la ciencia, el arte y el deporte, para aumentar la inversión productiva tanto en la industria como en el campo y apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, o para establecer la Renta Básica Universal; en suma, para reactivar la economía de manera sustentable con justicia social y con sentido democrático.
No pagar el costo financiero de la deuda pública, renegociar sus pagos por varios años, declarar una moratoria, y obtener “quitas” es una necesidad urgente.
Es un caso de extrema necesidad y, por tanto, es un derecho de los pueblos reconocido por el Derecho Internacional. Nadie puede obligar a lo imposible. Hoy incluso la ONU ha declarado que la moratoria de la deuda se debe ampliar a todos los países en desarrollo que no pueden pagar el costo de la deuda, y agregó a diversos países de ingresos medios como una medida solidaria. Hasta el FMI y el Banco Mundial, que se caracterizan por imponer programas neoliberales y antipopulares a los países a los que prestan, han pedido al Grupo de los 20 (G-20), los países más ricos del planeta, la moratoria “inmediata” de la deuda exterior de los países más pobres afectados por la pandemia.
Argentina, agobiada por la crisis y la pandemia, ha negociado con éxito su deuda externa logrando buenas “quitas”. La enorme deuda pública que nos aqueja debe ser auditada a fin de saber para qué se contrató y en qué términos.
La moratoria a la deuda pública también debe ser decidida por el pueblo mexicano mediante una consulta popular. Una salida humanista a la crisis es imprescindible para México, y ello pasa por la suspensión del pago del servicio de la deuda pública. Una salida digna y beneficiosa para las grandes mayorías de todos los pueblos del mundo será más factible de alcanzar si las negociaciones con los grandes acreedores capitalistas se llevan a cabo de manera colectiva en vez de efectuarse de manera individual por cada país. Es mejor negociar juntos.
Los países pobres como los países en desarrollo deben unirse para negociar y encontrar una respuesta global a una crisis capitalista que es de carácter mundial, crisis que es la más grave desde la llamada Gran Depresión de la década de los treinta, y cuyos costos no deben pagar los trabajadores ni los pueblos.