UNAM: la “casta dorada” tiene miedo
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Zósimo Camacho. Diario Red. 29 de octubre 2025
Movimiento estudiantil apunta directamente a la elite que gobierna la más grande casa de estudios de Latinoamérica y ejerce un presupuesto de 58 mil millones de pesos. Mientras, una ola de violencia busca imponer medidas de control en nombre de la “seguridad”
En ocho Facultades, Escuelas y Colegios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los estudiantes decidieron irse a paro de actividades en las últimas semanas. En otras tres, las clases se realizan a distancia, por decisión de las comunidades estudiantiles o de las autoridades. Estas últimas, bajo el argumento de reforzar las medidas de seguridad de los planteles.
La situación cambia en cuestión de días y algunos planteles abren; pero otros paran, ya sea por algún incidente relacionado con la seguridad o con las actividades políticas. En cada caso se presenta una disputa entre autoridades y estudiantes por el control de las instalaciones y la narrativa que anima los cierres.
Desde el fin de la pandemia, los semestres en la mayoría de los recintos de licenciatura y bachillerato transcurren con intermitencias. Las actividades se interrumpen por días, semanas o, incluso, meses. Los medios reportan causas variadas, desde protestas por violencia contra las mujeres, agresiones de grupos porriles o de choque, solidaridad con el pueblo de Palestina, exigencia de subsidio de comedores, un suicidio, un asesinato y 14 de amenazas de bomba.
Lo cierto es que en todas las protestas subyace la inconformidad con la alta burocracia universitaria, una elite de cuatro grupos políticos que controla la UNAM desde hace cinco décadas y que en 2025 ejerce un presupuesto superior a los 58 mil 085 millones de pesos, unos 3 mil 200 millones de dólares o 2 mil 750 millones de euros. La cantidad es superior a presupuestos de secretarías de Estado completas y al gasto federalizado anual de 30 de las 32 entidades de la República Mexicana. Se estima que en 2026 tendrá un presupuesto mayor, por encima de la inflación.
Y es que la UNAM, universidad de masas que al mismo tiempo es vanguardia educativa, científica y cultural, mantiene una forma de gobierno decimonónica. A pesar de contar con una comunidad 372 mil 755 alumnos, 43 mil 156 académicos y 32 mil trabajadores –con una amplia diversidad política y social–, al rector y a los directores de todos los institutos, facultades, escuelas, colegios y centros los elige una Junta de Gobierno de 15 “notables”.
La centralización del poder ha derivado en una concentración de los recursos, con una alta burocracia de 85 puestos con percepciones que van de los 100 mil a los 200 mil pesos mensuales, a la que se le conoce con el mote de la “casta dorada”. En contraste, más de 30 mil profesores de asignatura perciben entre mil 600 y 9 mil pesos.
La reforma de la UNAM, mediante un Congreso Universitario, ha sido una demanda permanente –con huelgas estudiantiles históricas para detener la privatización de la Universidad en 1986 y 1999-2000– que siempre han logrado postergar las elites universitarias.
Hoy, sin embargo, estos grupos que se hicieron del control de la Universidad en la década de 1970 no cuentan claramente con el respaldo del gobierno federal mexicano. Y el clima político de transformación que se vive en el país cuestiona directamente las anquilosadas estructuras universitarias.
“Lo que está de fondo es la gestión del presupuesto”, explica el maestro Sergio Hugo Pablo Nicolás. A ello se agrega que la UNAM es gobernada por “una estructura anquilosada, burocrática, totalmente antidemocrática; a pesar de que, en el contexto nacional, sea cierto o no, se plantean aires de cambio o de desfogue. Y lo cierto es que las autoridades en esta institución ni siquiera se han planteado eso, un cambio”.
La arquitectura del descontento: precariedad y privilegio
La desigualdad estructural está documentada en el propio portal de Transparencia de la UNAM. Sergio Hugo Pablo Nicolás, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y del Posgrado de Urbanismo, desglosa apenas un rubro del presupuesto universitario, al primer trimestre de 2024, que resulta apabullante.
“Se señala que más del 60 por ciento se destina a docencia. Pero al hacer el análisis, aproximadamente el 72 por ciento de los recursos destinados a sueldos se van a personal de carrera y solamente alrededor del 28 por ciento a personal de asignatura, cuando el 72 por ciento de la planta docente corresponde a este último”.
La frialdad de las cifras revela una injusticia mayor: en el primer trimestre, los sueldos del personal de asignatura sumaron 2 mil 262 millones de pesos, mientras que los del personal de carrera ascendieron a 5 mil 854 millones.
Esta inequidad se profundiza en rubros escandalosos. “En el portal de transparencia identificamos el rubro ‘Despensas y canastillas’ para académicos y administrativos con más de 1 mil 648 millones de pesos”, revela Sergio Hugo, economista y maestro en Urbanismo. Este monto supera lo pagado a todos los profesores de asignatura no definitivos (1 mil 539 millones) y triplica el destinado a becas de licenciatura (580 millones).
“Y si hablamos de becas para posgrado, en el mismo periodo sólo se destinaron 253 millones. Ahí se refleja en términos económicos uno de los aspectos que están de fondo”, sentencia.
Mientras el rector percibe más de 200 mil pesos mensuales, sin contar las prestaciones adicionales, la base académica lucha por su subsistencia. “No hay peor violencia que el hambre”, sentencia Brenda Porras Rodríguez, catedrática de la Facultad de Arquitectura, donde el suicidio del estudiante Jorge González Rafael, el pasado 22 de septiembre conmocionó a la comunidad y renovó las protestas.
Explica que tanto para la población académica como la estudiantil las altas cargas académicas y económicas constituyen maneras de reprimir el activismo político.
La desigualdad en las percepciones es apenas un rubro de todo el desequilibrio generado por una forma de gobierno centralizada en cuatro grupos que gobiernan la institución desde hace más de 50 años. Durante el último medio siglo, cuatro facciones identificadas por las áreas académico-administrativas que dominan –los “médicos”, los “científicos”, los “abogados” y los “ingenieros”– han acordado su dominio en la Junta de Gobierno, el órgano de 15 integrantes que designa a todas las autoridades.
La inseguridad, mecanismo de desmovilización
Frente a la organización estudiantil, la respuesta de las autoridades ha sido sofisticar sus métodos de desmovilización, consideran académicos y estudiantes que integran la Coalición de Universitarias y Universitarios en Pie de Lucha de la UNAM. “Cada que la UNAM busca movilizarse vienen campañas de pánico: buscan desmovilizar y cortar la organización”, afirma Sergio Hugo Pablo Nicolás.
Fernando Alan López Bonifacio, catedrático de la Facultad de Arquitectura, describe un modus operandi: “Las autoridades se adelantan a ocupar las instalaciones cuando observan que habrá un paro total indefinido. Declaran que, por seguridad, las instalaciones tienen que entrar a revisión y se convocan clases en línea”.
Advierte que se trata de un método refinado tras la huelga de 1999-2000, cuando la protesta sólo pudo ser acallada con el ingreso de la Policía Federal Preventiva, formada entonces con efectivos militares: “Al manipular la información, piensan que van a poder dividir a la comunidad universitaria, generar confusión y sembrar desconfianza”, señala López Bonifacio.
Hasta la semana pasada en paro total se encontraron las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales; Filosofía y Letras; Arquitectura; Contaduría y Administración, y Medicina. En paro activo, es decir, con las puertas abiertas sólo para actividades políticas, las Facultades de Economía, Ciencias y el plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria. Mientras, cerradas y con clases a distancia, las Facultades de Química e Ingeniería y el plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades.
Un hecho trágico acaecido el pasado 22 de septiembre ha sido utilizado para intentar que las comunidades acepten medidas de control en los planteles. Ese día, un estudiante de nombre Lex Ashton Canedo asesinó al adolescente y también alumno Jesús Israel Hernández. Se trató de un crimen de odio cometido por quien se asume simpatizante de grupos conocidos como “incel”.
Al hecho le siguieron amenazas de bomba en el Instituto de Investigaciones Filológicas; los planteles 5, 6, 7 y 8 de la Escuela Nacional Preparatoria; las Facultades de Estudios Superiores Zaragoza, de Ciencias, de Química, de Estudios Superiores Cuautitlán y de Medicina Veterinaria y Zootecnia; y el plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades.
En cada caso, las actividades se han detenido y se ha evacuado a las comunidades, haya clases o asambleas. Lo mismo ha ocurrido daños supuestos y nunca confirmados por lluvias y hasta por sismo.
Este discurso de la seguridad, funcional a las autoridades, se utiliza para imponer medidas de control. “Las amenazas de bomba y los hechos violentos están siendo utilizados por la derecha universitaria”, advierte Sergio Nicolás, para apoyar la idea de instalar rejas y cámaras de videovigilancia. López Bonifacio es contundente: “Cuando hay casos de homicidios, robos, extorsiones, golpes, esas cámaras nunca sirven. Pero cuando es para criminalizar a los estudiantes movilizados, ahí sí, todos los equipos sirven y funcionan óptimamente”.
El objetivo, coinciden los académicos, es claro: “Quieren que la Universidad tenga que estar cerrada para la sociedad. Que solamente sea para los universitarios. Con esa lógica, buscan instalar torniquetes, controlar los accesos con credenciales”, denuncia Sergio Nicolás. Además, buscan controlar a las comunidades y reprimir el activismo.
Tales propósitos tienen éxito en aquellos planteles donde la derecha es hegemónica. Es el caso de la Facultad de Derecho, donde se han apostado elementos de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) desde hace dos semanas para permitir el ingreso a las instalaciones exclusivamente a quienes muestren credencial de estudiante o docente.
Violencia institucional y hostigamiento estratégico
La violencia no sólo proviene de fuera. Luis Enrique Ramos Linares, estudiante de Arquitectura y activista, ha vivido en carne propia el hostigamiento estratégico. Su caso es emblemático. Tras participar en el movimiento por comedores accesibles –“en la Facultad de Arquitectura no hay comedores o cafeterías para estudiantes: las que hay son de las más caras de toda la universidad”–, comenzó una campaña de acoso en su contra.
Y es que el movimiento por comedores subsidiados generó una politización en la Facultad de Arquitectura y en otros planteles que no se veía en años. Los paros activos dieron la oportunidad de aglutinar demandas y generar organización.
Luis Enrique relata episodios de hostigamiento por parte de personal de Seguridad UNAM que le ha fotografiado y seguido por el campus de Ciudad Universitaria. También, de personas vestidas como vigilantes o trabajadores administrativos que se acercan a ofrecer drogas a los activistas y acosan sexualmente a las estudiantes. De la mayoría de los incidentes cuenta con grabaciones realizadas por él mismo o compañeros.
“Cuando una compañera empieza a filmar, el sujeto se echa a correr. Las personas de vigilancia le abren la puerta para que escape. Todo está grabado”.
Pero la evidencia más contundente de la colusión entre la autoridad y grupos de choque la encontraron en una persona: “En una ocasión se pudo identificar como integrante de uno de los vehículos de Vigilancia UNAM a un porro conocido como Karry. Lo tenemos grabado. Tenemos fotos de él como porro de CCH-Azcapotzalco en 2018, orquestando un ataque porril, y ahora lo tenemos grabado como parte de seguridad de Rectoría”, denuncia Ramos Linares.
Se trata de Gerardo Nerio Gallardo, hoy funcionario de Seguridad Universitaria, quien se presenta a “negociar” con los estudiantes cuando se realiza alguna protesta. El caso más reciente tuvo lugar el jueves 23 de septiembre en la Facultad de Contaduría y Administración, en medio de una asamblea que votaba irse a paro indefinido. A los insultos y el acoso de coordinadores de carrera enviados por el director de la institución contra los activistas, se sumó la presión de Nerio Gallardo.
Sergio Hugo Pablo Nicolás corrobora este vínculo: “Se ha documentado que existen personas al servicio de la Universidad que previamente participaron en grupos de choque. Y actúan para desarticular el movimiento”.
En el caso del estudiante Ramos Linares, la persecución escaló: tras inscribirse con normalidad, le informaron que su inscripción fue rechazada. Tras protestar y denunciar la situación, le asignaron el lugar, pero luego vino el retiro de su beca alimentaria. Hoy compañeros solidarios le apoyan con alimentos. “Dos días después de que se suicidó el compañero Jorge en la facultad, me siguieron dos personas en Ciudad Universitaria, cuando me retiraba a mi domicilio. Me filmaron ostentosamente”, narra.
Fernando Alan López Bonifacio, sociólogo y estudiante de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos, lo explica: “Sufre un hostigamiento estratégico porque es del tipo de activistas que aportan a la unidad. No es que sólo participe en el movimiento político, sino que tiene la capacidad de construir en comunidad”.
Otro caso es el de Aurora Balsa, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración quien, por activismo político, fue objeto de una campaña de linchamiento en redes sociales. En las agresiones participaron autoridades de la institución.
El miedo de la elite
Ante la creciente organización, la “casta dorada” muestra su temor. “La derecha universitaria tiene miedo de desaparecer. Saben que están en ese péndulo. Y su caída no va a ser obra de grupúsculos, va a ser obra de la masa. Y esa masa se está intentando organizar”, analiza López Bonifacio. La respuesta han sido medidas sofisticadas que califica de “contrainsurgencia”. Incluye la aparición de grupos de choque o porros.
Frente a esto, la comunidad universitaria se reorganiza. “Hoy estudiantes y profesores ya estamos avanzando también en las discusiones sobre cómo buscar nuevas formas organizativas; que no sean tan verticales, que no sean fáciles de cooptar, de intimidar”, señala López Bonifacio.
La Asamblea Interuniversitaria gana terreno, tejiendo alianzas incluso con comunidades de otras instituciones de educación superior, como la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Chapingo y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
“La comunidad es la que se tiene que cuidar a sí misma a partir de la organización, a partir de la cohesión de los tres sectores: estudiantes, académicos y trabajadores”, concluye Sergio Hugo Pablo Nicolás. La batalla por la UNAM, esa que se libra entre la apertura democrática y el control burocrático, entre la equidad y el privilegio, ha entrado en una fase decisiva.
Diario Red América Latina solicitó entrevista con la Rectoría de la UNAM, que encabeza el economista Leonardo Lomelí Vanegas. Hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.
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